Se amplía el repliegue de la eólica marina en EE. UU.
El Departamento del Interior de Estados Unidos dijo que ha alcanzado un acuerdo para pagar a Invenergy 765 millones de dólares y poner fin a cuatro arrendamientos eólicos marinos, sumando otro gran paso al repliegue del gobierno federal de áreas de desarrollo eólico marino que habían sido adjudicadas previamente. Según el departamento, el acuerdo eleva el total de recompras de arrendamientos eólicos marinos de la administración a ocho, con un costo acumulado de más de 2.500 millones de dólares.
Los arrendamientos que se terminarán están en manos de filiales de Invenergy y cubren áreas en New York Bight, el golfo de Maine y Morro Bay, frente a la costa central de California. Interior dijo que Invenergy terminará voluntariamente los arrendamientos bajo el acuerdo.
El anuncio importa más allá de los proyectos inmediatos implicados. Indica que la política federal se está alejando de preservar los derechos de arrendamiento para futuras construcciones eólicas marinas y avanzando hacia pagar activamente a los desarrolladores para que abandonen esas posiciones. Es una medida más agresiva que simplemente ralentizar los permisos o revisar la política de subastas. Cambia la economía y las expectativas en torno a una de las iniciativas de despliegue de energía limpia más importantes propuestas para las aguas costeras de EE. UU.
Qué proyectos se ven afectados
El proyecto más conocido vinculado con los arrendamientos recién cancelados era Leading Light Wind, un desarrollo planificado de 2,4 gigavatios en New York Bight impulsado por Invenergy y su socio energyRE. Ese proyecto ya había sido cancelado en noviembre, con el texto de origen citando presiones económicas y regulatorias.
Las áreas de arrendamiento restantes representaban capacidad adicional potencial de eólica marina. Interior dijo que los dos arrendamientos del golfo de Maine y un arrendamiento de Morro Bay representaban en conjunto una posible generación eólica de 4,8 gigavatios. En términos prácticos, las cuatro terminaciones eliminan tanto un proyecto cancelado a corto plazo como varias opciones de desarrollo a más largo plazo del pipeline eólico marino.
Para la industria, esa distinción importa. No todos los arrendamientos llevan rápidamente a la construcción, pero las posiciones de arrendamiento son la base del desarrollo futuro de proyectos. Eliminarlas reduce el universo de proyectos eólicos marinos viables años antes de que las turbinas lleguen al agua.
Adónde se supone que irá el dinero
Interior dijo que Invenergy redirigirá los 765 millones de dólares hacia otras inversiones energéticas domésticas, incluidas plantas de energía alimentadas con gas natural en Indiana, Wisconsin, Iowa, Kansas y Misuri, así como proyectos de generación geotérmica en el oeste de Estados Unidos. Ese detalle es central para cómo la administración enmarca el acuerdo: no como un simple costo de cancelación, sino como una reasignación de capital lejos de la eólica marina y hacia otras fuentes de energía.
La mezcla de inversiones de reemplazo es notable. Las plantas de gas natural apuntan a una estrategia de generación convencional centrada en energía despachable, mientras que los proyectos geotérmicos sugieren interés en recursos firmes y bajos en carbono que no enfrentan los mismos desafíos de emplazamiento costero y transmisión que la eólica marina. Aun así, el equilibrio descrito en el anuncio muestra que el gas es un gran beneficiario del giro de política.
Esa interpretación también coincide con un acuerdo anterior citado en el texto de origen. Interior había dicho previamente que pagaría a TotalEnergies 928 millones de dólares a cambio de que la empresa renunciara a dos arrendamientos eólicos marinos, mientras la compañía invertiría en el proyecto Rio Grande LNG en Texas, así como en la producción convencional de petróleo y gas de esquisto en el Golfo.
Crecen los riesgos legales y políticos
El enfoque de la administración ya enfrenta escrutinio legal. El texto de origen señala que un grupo de fiscales generales de los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Maine, Massachusetts, Rhode Island y Vermont demandó por el acuerdo previo de recompra con TotalEnergies.
La demanda cuestiona algo más que una transacción aislada. Plantea si los funcionarios federales tienen autoridad para estructurar terminaciones de arrendamientos como acuerdos de conciliación y pagarlos mediante el Judgment Fund del Tesoro de Estados Unidos. El texto de origen cita la demanda al argumentar que ninguna ley autoriza a los demandados federales a usar lo que los demandantes describen como un acuerdo de conciliación ficticio para cancelar un arrendamiento eólico marino y redirigir dinero a un uso distinto favorecido por el presidente.
Si los tribunales toman en serio ese desafío, el acuerdo con Invenergy podría convertirse en parte de una prueba más amplia de hasta dónde puede llegar el Poder Ejecutivo al deshacer decisiones de arrendamiento energético que originalmente se tomaron mediante procesos federales establecidos. Incluso si la administración prevalece, el litigio añade otra capa de incertidumbre para desarrolladores, empresas de servicios públicos, proveedores de equipos y estados que habían estado planificando un crecimiento eólico marino de largo plazo.
Un giro más marcado en la estrategia energética de EE. UU.
La importancia inmediata del acuerdo con Invenergy es financiera, pero la importancia mayor es estratégica. La eólica marina ha sido uno de los pilares más intensivos en capital y más visibles políticamente de la planificación de la transición energética en EE. UU. Al pagar a las empresas para que abandonen proyectos y dirigir fondos hacia el gas y otras alternativas, la política federal ya no solo está frenando el impulso de la eólica marina. Lo está revirtiendo activamente.
Eso tiene implicaciones para los estados costeros que contaban con la eólica marina para empleo, inversión portuaria y suministro eléctrico futuro. También afecta la disposición de los desarrolladores a tratar las adjudicaciones de arrendamiento de EE. UU. como activos duraderos. Si los derechos de arrendamiento pueden convertirse en salidas negociadas respaldadas por pagos federales, los futuros participantes quizá tengan que valorar con mucha más intensidad el riesgo de reversión política.
Por ahora, la administración parece decidida a extender este modelo. Con ocho recompras anunciadas y miles de millones ya comprometidos, el acuerdo con Invenergy parece menos una excepción y más una postura energética federal definida: deshacer compromisos con la eólica marina, compensar a los titulares de arrendamientos y canalizar la inversión hacia otras prioridades de generación doméstica.
Este artículo se basa en una cobertura de Utility Dive. Leer el artículo original.
Originally published on utilitydive.com
