California impone una nueva prueba a la privacidad de los autos conectados
General Motors aceptó un acuerdo de 12,75 millones de dólares con agencias de aplicación de la ley de California por la recopilación y venta de datos de conductores, marcando una de las señales estatales más claras hasta ahora de que el negocio del automóvil conectado enfrentará límites más duros cuando el consentimiento y el uso de datos se separen. El caso se centra en acusaciones de que GM, a través de su programa OnStar, vendió información personal y de comportamiento de cientos de miles de californianos a intermediarios de datos sin conocimiento o permiso suficiente de los clientes.
El acuerdo, anunciado por la oficina del fiscal general de California Rob Bonta, va más allá de una sanción económica. GM también aceptó dejar de vender datos de conducción a agencias de informes del consumidor durante cinco años, eliminar los datos de conductores retenidos en un plazo de 180 días salvo que obtenga el consentimiento del cliente, y pedir a LexisNexis Risk Solutions y Verisk Analytics que eliminen los datos que recibieron. En la práctica, esa combinación hace que esto sea más que una multa. Es un desmantelamiento ordenado por los reguladores de una canalización de intercambio de datos que, según ellos, no debió existir en la forma alegada.
Qué dice California que ocurrió
Según la descripción del acuerdo citada en el texto fuente proporcionado, GM vendió nombres, información de contacto, datos de geolocalización y datos de comportamiento al volante recopilados a través de OnStar. California alega que la empresa obtuvo unos 20 millones de dólares de esas ventas. La preocupación subyacente no es solo que la información circulara entre empresas, sino que los consumidores no fueron informados de manera significativa y no consintieron un uso secundario que podía afectarlos de forma importante.
El contexto político y regulatorio importa aquí. Informes de 2024 ya habían atraído atención nacional hacia los fabricantes de automóviles que compartían información sobre el comportamiento de conducción con ecosistemas vinculados al seguro, lo que encendió temores de que los datos telemáticos pudieran alimentar decisiones de precio o de puntuación de riesgo. En California, la oficina de Bonta dijo que los datos en cuestión probablemente no aumentaron las primas de seguro porque la ley estatal prohíbe a las aseguradoras usar datos de conducción para fijar tarifas. Aun así, la posición del estado es que la supuesta venta en sí violó las expectativas de privacidad y las reglas de minimización de datos de California.
Esa distinción es importante. Una violación de privacidad no necesita producir un aumento medible de la prima para convertirse en un gran problema de cumplimiento. Los reguladores se centran cada vez más en si las empresas recopilaron más de lo necesario, conservaron los datos más tiempo del debido o los reutilizaron de maneras que los consumidores no esperarían razonablemente. El acuerdo con GM encaja de lleno en ese marco.



