Una importante decisión sobre tierras en Alaska abre una nueva batalla política y ambiental

El Departamento del Interior de Estados Unidos prevé transferir aproximadamente 1,4 millones de acres de tierras públicas nacionales en el corredor de servicios Dalton de Alaska al Estado de Alaska, según una declaración de Sierra Club publicada por CleanTechnica. La decisión ha intensificado de inmediato una batalla más amplia sobre cuánto desarrollo industrial debería permitirse en una de las regiones más sensibles del país desde el punto de vista ambiental.

El corredor incluye partes del corredor del Sistema de Oleoducto Trans-Alaska, la autopista Dalton y rutas propuestas vinculadas a proyectos como la carretera minera de Ambler y el proyecto Alaska LNG. El control de la tierra pasaría al gobierno estatal de Alaska, que, según Sierra Club, ha impulsado la expansión del desarrollo industrial en la región.

Con base en el material fuente proporcionado, el plan de transferencia parece formar parte de una apertura de política más amplia en el norte de Alaska. La declaración afirma que la medida sigue a una decisión anterior de la administración Trump que revocó protecciones sobre más de dos millones de acres de tierras públicas al norte del río Yukon y las abrió a actividades de minería y perforación.

Qué está en juego en el corredor

El corredor de servicios Dalton no es solo un bloque abstracto de tierra en un mapa. Es una ruta estratégica a través de una zona ya moldeada por la infraestructura existente y por debates de larga data sobre recursos. Como se superpone con corredores de oleoductos y carreteras, y con rutas de proyectos propuestos, el control de la tierra tiene consecuencias para el ritmo y la facilidad del futuro desarrollo de extracción y transporte.

Por eso la transferencia está generando una reacción tan fuerte. Los grupos ambientalistas y muchos actores indígenas y locales han sostenido a menudo que el desarrollo basado en corredores puede expandirse mucho más allá de una huella industrial estrecha, afectando ecosistemas, el movimiento de la fauna y las prácticas de subsistencia en un área mucho más amplia.

La declaración de Sierra Club presenta la transferencia como una medida que eliminaría protecciones federales importantes para los usuarios de subsistencia y que facilitaría la ejecución de proyectos de minería y perforación. Sostiene que la decisión pone en riesgo daños ecológicos, presión sobre las comunidades tribales y cambios duraderos en paisajes que hasta ahora habían evitado una industrialización más intensa.