Los activistas señalan que la actividad regulatoria continuó
Los reguladores ambientales de Texas siguieron trabajando en permisos relacionados con centros de datos después de que el gobernador Greg Abbott pidiera detener ese proceso, según un informe basado en registros públicos revisados por grupos de defensa y activistas locales.
Public Citizen y FracTracker Alliance examinaron la base de datos pública de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, o TCEQ. Afirmaron que los registros mostraban que la agencia seguía gestionando varios asuntos de permisos para proyectos de centros de datos después del llamado de Abbott a una pausa el 21 de septiembre.
La oficina de Abbott dijo a 404 Media que no había aprobado nuevos permisos. Pero los grupos sostienen que la base de datos de la TCEQ documenta un proceso regulatorio en curso: revisiones, asignaciones de ingeniería, certificados y autorizaciones relacionadas con la construcción de instalaciones de centros de datos propuestas.
La disputa refleja una tensión creciente en torno a la rápida expansión de las grandes instalaciones informáticas. Los centros de datos son fundamentales para el crecimiento de los servicios en la nube y la infraestructura de inteligencia artificial, pero su llegada también puede generar preocupaciones locales sobre el suministro eléctrico, el agua, las emisiones atmosféricas y el ritmo del desarrollo.
Lo que dicen haber encontrado los grupos
Public Citizen dijo haber identificado más de 15 permisos relevantes, mientras que FracTracker Alliance afirmó haber encontrado 35. Las cifras reflejan la revisión de documentos públicos de la TCEQ y parecen abarcar más de un tipo de permiso o proyecto.
Según el informe, la agencia emitió certificados de límites de emisiones atmosféricas para un gran centro de datos en Houston. También aprobó autorizaciones de aguas pluviales de construcción para proyectos de centros de datos en Abilene, Barstow y Royse City. Además, los grupos afirmaron que se aceleraron plantas de gas destinadas a abastecer a más de una docena de proyectos de centros de datos.
Esas acciones no resuelven necesariamente si la directiva del gobernador constituía una prohibición vinculante de todo tipo de trabajo de la agencia. Sí muestran por qué un llamado a pausar puede ser interpretado de forma distinta por oficinas gubernamentales, desarrolladores y comunidades. Un proceso de permisos rara vez consiste en una sola decisión tomada en un instante; puede incluir revisiones separadas, asignaciones técnicas, certificados, autorizaciones y coberturas relacionadas con la construcción.
Para los activistas, esa distinción no resuelve la preocupación central. Kathryn Guerra, de Public Citizen, dijo que los registros de la TCEQ indicaban que los centros de datos seguían funcionando “como de costumbre” pese a la promesa de congelarlos. Sostuvo que, sin límites más amplios de la Legislatura de Texas, la industria continuaría avanzando rápidamente.
Un auge de infraestructura en todo el estado
Texas ya es un importante centro de desarrollo de centros de datos. El informe afirma que aproximadamente 300 centros operan en el estado, unos 100 están en construcción y otros 200 se encuentran en planificación. Esa escala ayuda a explicar por qué las decisiones individuales sobre permisos se han convertido en parte de un debate político más amplio y no solo en una cuestión técnica.
Los proyectos descritos abarcan varios modelos de desarrollo. Incluyen una instalación de Meta en El Paso cuyo costo se estima en 14.000 millones de dólares, un proyecto propuesto en Taylor sobre terrenos destinados a un parque público y el centro de datos Fermi, con energía nuclear, previsto en Amarillo. Las grandes instalaciones hiperescalables, los desarrollos locales más pequeños y la infraestructura eléctrica pueden generar impactos distintos para los residentes cercanos.
Mientras los desarrolladores buscan terrenos, conexiones de red y energía disponible, los reguladores estatales reciben presión para tramitar solicitudes, y las comunidades buscan claridad sobre cómo se toman las decisiones de infraestructura. El caso de Texas muestra que un llamado público a ralentizar el proceso no detiene automáticamente el sistema de desarrollo más amplio.
Por qué los permisos son ahora un foco político
El informe describe una oposición local generalizada a los centros de datos en Texas y afirma que el asunto ha adquirido importancia política para los votantes. Los residentes pueden centrarse en distintos efectos según la propuesta: el terreno elegido, la necesidad de nueva capacidad de generación, las emisiones de las plantas asociadas o los controles de aguas pluviales durante la construcción.
Para las comunidades, la pregunta importante a menudo no es si un proyecto se clasifica como centro de datos, instalación eléctrica o sitio de construcción. Es si las aprobaciones de esas categorías permiten en conjunto que el proyecto avance. Por eso, los registros que muestran actividad continua en distintas etapas de revisión pueden ser relevantes incluso cuando los funcionarios dicen que no se han concedido nuevas aprobaciones finales.
El informe también destaca un problema de confianza. Cuando los funcionarios anuncian una pausa pero los registros de la agencia parecen mostrar que el trabajo continúa, los residentes pueden preguntar razonablemente qué abarca la pausa, cuánto dura y qué decisiones siguen en marcha. Las respuestas claras importan porque los registros de permisos pueden ser difíciles de interpretar sin conocimientos técnicos o jurídicos.
La cuestión política que queda por delante
La disputa inmediata es si las agencias de Texas siguieron la directiva del gobernador de septiembre. La cuestión más amplia es cómo gobernará el estado una industria cuyo crecimiento depende cada vez más de la energía y la infraestructura ambiental.
Según lo informado, Public Citizen sostiene que una pausa anunciada sin salvaguardas legislativas integrales puede no limitar de manera significativa el desarrollo. La oficina del gobernador, por su parte, mantiene que no aprobó nuevos permisos. Ambas posiciones apuntan a la necesidad de una explicación pública más precisa sobre los permisos en revisión, el estado de los proyectos y la autoridad detrás de cualquier suspensión.
A medida que Texas añade capacidad informática, el resultado ayudará a determinar si la política se establece principalmente mediante decisiones individuales de permisos o mediante normas estatales que aborden los efectos acumulativos del desarrollo. Los registros citados por los activistas sugieren que la pregunta ya es urgente: mientras los funcionarios debaten el alcance de una pausa, los proyectos y la infraestructura asociada pueden seguir avanzando por el sistema regulatorio.
Este artículo se basa en un reportaje de 404 Media. Leer el artículo original.
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