Un caso de robo de banco con consecuencias nacionales
Un caso de la Corte Suprema que comenzó con un robo de banco en 2019 a las afueras de Richmond, Virginia, podría reconfigurar la ley de privacidad digital para millones de estadounidenses. En Chatrie v. United States, los magistrados evalúan si el uso policial de una “orden de geocerca” violó la Cuarta Enmienda cuando los investigadores pidieron a Google que identificara dispositivos ubicados cerca de la escena del crimen.
El problema jurídico es estrecho en el papel, pero amplio en la práctica. Las órdenes de geocerca funcionan trazando un límite virtual alrededor de un lugar y un momento, y luego obligando a una empresa de tecnología a entregar información sobre los usuarios cuyos dispositivos estaban dentro de él. En este caso, la policía pidió a Google datos de cualquier persona que hubiera estado a 300 metros de Call Federal Credit Union cuando ocurrió el robo.
La investigación se basó en Google Maps Location History, que, según la cobertura del caso, puede identificar la ubicación con una precisión de unos tres metros y actualizarse a intervalos breves. La policía utilizó los registros de la empresa por etapas, reduciendo el grupo de usuarios hasta que Okello Chatrie surgió como el principal sospechoso.
Por qué el caso importa más allá de un solo sospechoso
La pregunta ante la Corte no es simplemente si la policía encontró a la persona correcta. Es si el gobierno puede buscar primero los datos de ubicación de una gran población y depurar la sospecha después. Ese modelo es lo que hace que las órdenes de geocerca sean especialmente controvertidas. En lugar de apuntar a un sospechoso conocido, los investigadores comienzan recopilando datos de todas las personas cercanas, incluidas aquellas sin una conexión evidente con un delito.
Eso supone una clara ruptura con la práctica tradicional de las órdenes de registro, que por lo general exige una causa probable particularizada. En términos físicos, se parece más a preguntar quién estaba en la cuadra y solo después decidir qué persona merece un escrutinio más estricto.
Para los defensores de las libertades civiles, el riesgo es obvio: tener un smartphone puede colocar a una persona común dentro de una investigación sin ninguna sospecha individualizada. Para las fuerzas del orden, las solicitudes de geocerca han sido una forma eficiente de generar pistas en casos donde las declaraciones de testigos, las grabaciones de vigilancia y otras pruebas son limitadas.
