La reacción contra la privacidad gana velocidad mientras los gobiernos locales reconsideran la vigilancia automatizada

Cada vez más ciudades y condados de Estados Unidos se están alejando de Flock Safety, la empresa conocida por sus lectores de matrículas en red y sistemas de cámaras relacionados. Nuevos datos informados por Ars Technica indican que el ritmo de cancelaciones se aceleró bruscamente en agosto de 2026, convirtiendo una reacción gradual en algo más parecido a un patrón nacional.

Según datos recopilados por Secure Justice, un grupo de defensa contra la vigilancia con sede en Oakland, 214 ciudades y condados han dejado Flock desde 2021. El desarrollo más inmediato es el aumento reciente: 90 gobiernos locales terminaron su relación con la empresa solo en agosto de 2026, aproximadamente cuatro veces la cifra del mes anterior. Dicho de otro modo, en los últimos 30 días se promediaron unas tres administraciones locales por día que frenaron contratos.

Eso importa no solo como historia de ventas y compras públicas, sino como indicador de cómo está cambiando la política de la vigilancia municipal. Durante años, los lectores automáticos de matrículas y los sistemas de cámaras se expandieron por las fuerzas del orden locales con la promesa de eficiencia, rapidez en las investigaciones y beneficios para la seguridad pública. Las cifras más recientes sugieren que, al menos en algunas comunidades, los costos políticos y cívicos de esos sistemas empiezan a superar el valor que se les atribuye.

Por qué las comunidades se están retirando

Las razones reportadas para terminar las relaciones con Flock son consistentes en varios temas. Ars Technica dice que las comunidades citan preocupaciones por una vigilancia fuera de control, el intercambio no deseado de datos, los altos gastos y reportes de abuso policial de la herramienta. Cada uno de esos problemas puede generar oposición por separado. Juntos, forman una crítica más amplia: una vez desplegados estos sistemas, los límites prácticos sobre su uso pueden parecer demasiado débiles para la cantidad de datos que recopilan.

La preocupación por la vigilancia es central. Los sistemas conectados de lectura de matrículas no son solo herramientas aisladas de tráfico; pueden convertirse en infraestructura para rastrear el movimiento de vehículos entre jurisdicciones. Incluso cuando se despliegan con justificaciones contra el crimen, esos sistemas plantean preguntas sobre proporcionalidad, supervisión, retención, compartición y uso indebido. Estas tensiones existen desde hace años, pero las nuevas cifras de cancelación sugieren que ahora aparecen más directamente en las decisiones contractuales.

El costo también parece estar desempeñando un papel importante. La tecnología municipal suele sobrevivir a la controversia si se percibe como indispensable y asequible. Se vuelve más vulnerable cuando los críticos pueden argumentar tanto que invade demasiado como que no justifica su precio. En ese contexto, las cancelaciones no son solo reacciones simbólicas a las preocupaciones de privacidad. También pueden reflejar escrutinio presupuestario y escepticismo sobre si los beneficios de la herramienta merecen seguir gastando en ella.

El impulso puede importar tanto como el total

El director ejecutivo de Secure Justice, Brian Hofer, dijo a Ars que la tendencia se ha vuelto “parabólica”, destacando no solo el número acumulado de cancelaciones sino la velocidad del cambio en 2026. El texto fuente dice que 165 de las cancelaciones ocurrieron solo en los casi primeros ocho meses de este año. El argumento de Hofer es, en esencia, que la cifra actual, aunque todavía modesta en relación con el tamaño total del mercado municipal, podría volverse mucho más significativa si la tasa se mantiene.

Es una distinción útil. En un nivel, 214 cancelaciones desde 2021 todavía pueden presentarse como un fenómeno minoritario si se comparan con la propia afirmación de Flock de que sus productos cuentan con la confianza de más de 5,000 comunidades. En otro nivel, una aceleración rápida en la terminación de contratos puede señalar algo estratégicamente importante: la resistencia ya no está aislada. Un patrón de compras se convierte en una narrativa de política pública cuando muchos gobiernos locales comienzan a tomar la misma decisión por razones que se superponen.

Desde esa perspectiva, agosto de 2026 puede representar más un punto de inflexión reputacional que uno numérico. Si los administradores municipales, los departamentos de policía, los grupos de libertades civiles y los cargos electos empiezan a tratar a Flock como una compra políticamente sensible en lugar de una tecnología de seguridad rutinaria, las futuras conversaciones de ventas se volverán más difíciles aunque la base instalada siga siendo grande.

Flock dice que el crecimiento sigue superando las cancelaciones

Flock Safety no aceptó la implicación de que los datos reflejen una crisis empresarial. Ars informa que la portavoz de la compañía, Courtney Terlecki, dijo que las nuevas asociaciones municipales en 2026 han superado a las no renovaciones en una proporción de aproximadamente 10 a 1. También afirmó que no todas las comunidades tomarán la misma decisión y que la tecnología de seguridad pública merece una discusión pública reflexiva y participación comunitaria.

Esta respuesta es estratégicamente importante porque replantea el tema de la pérdida al crecimiento neto. Si las nuevas asociaciones realmente superan a las perdidas por ese margen, la empresa puede sostener que la reacción es real pero no determinante. Al mismo tiempo, la portavoz se negó a especificar cuántos nuevos clientes ha sumado Flock este año, mientras que la empresa ha dicho repetidamente que sus productos cuentan con la confianza de más de 5,000 comunidades. Sin un denominador más preciso para las altas de 2026, es difícil juzgar de forma independiente cuánto cambian las cancelaciones de agosto la trayectoria de la compañía.

Aun así, incluso una empresa que crece en términos generales puede enfrentar una presión regulatoria, política y reputacional cada vez mayor. Eso es especialmente cierto en la tecnología de vigilancia, donde las decisiones de adopción dependen no solo del rendimiento del producto, sino también de la confianza pública y de su solidez jurídica.

Las concesiones en privacidad muestran que la presión se está sintiendo

Ars también señala que, tras amplias críticas, el director ejecutivo de Flock, Garrett Langley, dijo recientemente que la empresa reducirá la retención de datos por defecto de 30 días a siete días, entre otros cambios orientados a la privacidad. El principal abogado de la empresa también escribió que los términos de uso modificados prohíben expresamente que clientes y usuarios empleen los servicios de Flock para engañar, acosar, acechar o abusar de la plataforma de cualquier otra manera.

Estos movimientos importan porque sugieren que la empresa reconoce la intensidad de las críticas. Reducir la retención y endurecer los términos de uso no son cambios triviales de comunicación; son intentos de responder a las objeciones más fuertes de las libertades civiles. Pero esos pasos también plantean una pregunta difícil para la empresa: ¿verán los críticos y los municipios estos cambios como salvaguardas significativas, o como control de daños tardío tras años de preocupaciones?

  • Secure Justice dice que 214 ciudades y condados han dejado Flock desde 2021.
  • Noventa localidades terminaron contratos solo en agosto de 2026, unas cuatro veces el total del mes anterior.
  • Flock dice que las nuevas asociaciones municipales en 2026 todavía superan las no renovaciones en una proporción aproximada de 10 a 1.

Está tomando forma un debate más amplio sobre la vigilancia local

La historia más grande no trata solo de un proveedor. Trata de si los gobiernos locales de Estados Unidos están entrando en una fase más escéptica respecto de las herramientas de vigilancia automatizada, especialmente aquellas que combinan una amplia recopilación de datos con el intercambio entre jurisdicciones. La escala de Flock lo ha convertido en un punto focal de ese debate, pero los problemas de fondo van mucho más allá de los contratos de una sola empresa.

Si las cancelaciones continúan al ritmo actual, otros proveedores de vigilancia y funcionarios locales tendrán que responder a las mismas preguntas públicas que ahora presionan a Flock: ¿Cuánto tiempo deben conservarse los datos? ¿Quién obtiene acceso? ¿Qué usos secundarios están permitidos? ¿Qué supervisión existe cuando los agentes usan mal un sistema? ¿Y cómo deben sopesar las comunidades las afirmaciones de seguridad pública frente a las libertades civiles y las preocupaciones presupuestarias?

Las cifras de agosto no resuelven esas preguntas. Sí muestran que las respuestas están empezando a tener consecuencias directas en las compras públicas. Para un sector tecnológico que a menudo se ha expandido más rápido que el debate público en torno a él, ese puede ser el desarrollo más importante de todos.

Este artículo se basa en reportes de Ars Technica. Leer el artículo original.

Originally published on arstechnica.com