Australia rediseña su enfoque sobre los pagos de las plataformas por las noticias
Australia ha publicado un proyecto de ley que obligaría a las principales plataformas tecnológicas a pagar por el periodismo mediante acuerdos comerciales o, de lo contrario, afrontar un gravamen sobre sus ingresos locales. La propuesta, denominada News Bargaining Incentive, apunta a Meta, Google y TikTok y está diseñada para cerrar una laguna que debilitó el esfuerzo anterior del país por hacer que las plataformas compensaran a los editores de noticias.
Según el plan preliminar, las tres plataformas se enfrentarían a un gravamen del 2,25% sobre los ingresos generados en Australia, salvo que firmen acuerdos que cumplan los requisitos con empresas de medios locales. La tasa efectiva podría bajar al 1,5% si se alcanzan suficientes acuerdos, y el gobierno afirma que esa estructura podría devolver entre 200 millones y 250 millones de dólares australianos al periodismo australiano. La idea básica es que financiar las noticias sea la opción más barata, en lugar de permitir que las plataformas eviten el pago eliminando por completo el contenido informativo.
La medida importa porque marca un intento de segunda generación de una de las políticas de medios digitales más vigiladas del mundo. Australia fue pionera cuando introdujo el News Media Bargaining Code, que entró en vigor en 2021. Ese marco intentó obligar a las plataformas a negociar con los editores, pero aun así dejó margen para que las empresas esquivaran el régimen. Meta finalmente eliminó las noticias de sus plataformas en Australia en 2024, un movimiento que, según el informe, contribuyó a recortes de empleo en redacciones locales.
Por qué el nuevo proyecto de ley es diferente
El nuevo enfoque del gobierno cambia la estructura de incentivos. En lugar de vincular la obligación solo a la publicación de enlaces o fragmentos de noticias, el gravamen se aplicaría tanto si una plataforma sigue distribuyendo noticias como si no. Ese es el cambio central de política. En términos prácticos, una empresa ya no podría escapar de la presión financiera simplemente retirando las noticias de su servicio en Australia.
La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, enmarcó el asunto en torno a cómo accede hoy la audiencia a la información. Dijo que cada vez más personas reciben noticias directamente desde Facebook, TikTok y Google. Ese argumento sustenta la tesis del gobierno de que las plataformas se benefician de la circulación y el descubrimiento del periodismo, aunque la economía de la información subyacente siga deteriorándose.
La declaración del primer ministro Anthony Albanese, según describe el texto fuente, situó a los periodistas en el centro de la propuesta, al sostener que desempeñan un papel vital para mantener informadas a las comunidades. Por tanto, el gravamen cumple dos funciones a la vez: es tanto un instrumento económico como una herramienta de política mediática destinada a sostener la cobertura de interés público.
Una lista de objetivos más amplia, pero la IA queda fuera de la medida
Un cambio notable es la inclusión de TikTok. Eso amplía el alcance más allá del código anterior, reflejando cómo la distribución de noticias se ha desplazado de la búsqueda y de los feeds sociales tradicionales hacia plataformas de vídeo corto y recomendación algorítmica. Aunque TikTok no esté históricamente asociado al mismo modelo de intercambio de enlaces que Google o Facebook, los responsables políticos parecen verlo como parte de la misma economía de la atención que ahora intermedia la información pública.
Al mismo tiempo, la legislación preliminar excluye explícitamente a los servicios de IA. El viceministro de Hacienda, Daniel Mulino, dijo que la IA se está considerando por otras vías de política pública, incluido el trabajo sobre derechos de autor liderado por el fiscal general. Esa exclusión es significativa. Sugiere que el gobierno ve la IA generativa y la compensación por noticias como problemas relacionados pero distintos, incluso cuando los editores de todo el mundo expresan preocupación por el scraping, la síntesis y el entrenamiento de modelos.
En términos de política pública, esa separación puede ser temporal. Los gobiernos aún intentan decidir si los sistemas de IA deben tratarse como motores de búsqueda, plataformas sociales, categorías totalmente nuevas o una mezcla de las tres. La decisión inmediata de Australia es avanzar primero en el tema de plataformas y noticias, en lugar de esperar un marco completo para la IA.
Qué significa para plataformas y editores
Para los editores, el proyecto de ley ofrece la posibilidad de negociaciones de ingresos más estables y un respaldo más sólido si las conversaciones se estancan. Cuantos más acuerdos se firmen, menor será la carga fiscal efectiva para las plataformas, lo que da a ambas partes un incentivo para negociar. Para las plataformas, la propuesta crea una decisión de cumplimiento previsible, aunque políticamente cargada: pagar el gravamen, firmar acuerdos o intentar impugnar la política.
La estructura también refleja una lección importante de la primera ronda regulatoria. Si los legisladores quieren preservar la financiación del periodismo, la política debe tener en cuenta las opciones estratégicas reales de las empresas tecnológicas. El nuevo proyecto de ley australiano se centra menos en forzar una elección concreta de producto y más en garantizar que la obligación financiera siga existiendo aunque cambie el comportamiento de las plataformas.
Por eso el proyecto de ley será seguido muy de cerca más allá de Australia. Los países que han intentado reequilibrar el poder de negociación entre editores e intermediarios digitales a menudo se han topado con problemas de aplicación, represalias de producto o un alcance demasiado limitado. Australia está probando ahora un modelo más contundente en el que el Estado pone, de facto, un precio a evitar acuerdos sobre noticias.
La importancia más amplia
La propuesta llega en un momento en que los modelos de negocio de los medios siguen bajo presión y los gobiernos están cada vez más dispuestos a intervenir en los mercados digitales por razones de interés público. En lugar de presentar el pago de las plataformas como una asociación voluntaria, el gobierno de Albanese lo trata como una obligación vinculada al ecosistema más amplio que ayuda a los grandes servicios de internet a monetizar la atención.
Si el proyecto de ley sobrevive en su forma actual, y con qué agresividad negocien las empresas bajo él, determinará su impacto práctico. Pero la dirección ya está clara. Australia ya no confía en que las plataformas mantendrán las noticias disponibles y negociarán de buena fe. Está construyendo un sistema destinado a extraer valor para el periodismo de una forma u otra.
Este artículo se basa en una cobertura de TechCrunch. Leer el artículo original.
Originally published on techcrunch.com
