Una política diseñada para retirar tuberías en lugar de reemplazarlas

California ya aprobó la ley. La parte más difícil es hacerla funcionar. El Proyecto de Ley 1221 del Senado, firmado en septiembre de 2024, ordena a las empresas de servicios y a los reguladores crear zonas piloto de “descarbonización” donde se podrían retirar gasoductos envejecidos y ayudar a los residentes a cambiar a tecnologías eléctricas como bombas de calor y cocinas de inducción. La idea central es simple: si un vecindario ya no necesita el costoso reemplazo de un gasoducto, parte del gasto evitado puede ayudar a financiar la electrificación.

Ese concepto es notable porque intenta alinear tres presiones que a menudo chocan en lugar de cooperar: los objetivos climáticos, el gasto en infraestructura y las facturas energéticas de los hogares. California trata al mismo tiempo de reducir el uso de combustibles fósiles y de gestionar el enorme costo de mantener una red de gas envejecida. La SB 1221 intenta convertir esa tensión en una estrategia de transición.

Por qué las apuestas son altas

El texto de opinión incluido expone el trasfondo financiero con crudeza. Se proyecta que las empresas de gas del estado gasten unos 43 mil millones de dólares en reemplazos de tuberías entre ahora y 2045. Reemplazar una sola milla de tubería puede costar entre 3 y 5 millones de dólares o más. Esos costos se trasladan a los usuarios a través de las facturas de gas.

El artículo también destaca un problema de incentivos. Las empresas pueden obtener un rendimiento garantizado de alrededor del 10% por cada dólar gastado en reemplazar tuberías. Eso hace que el statu quo sea lucrativo incluso cuando la dirección de la política de largo plazo del estado apunta a alejarse del uso de gas.

Desde la perspectiva del sistema energético, esta es la cuestión central. Si los reguladores siguen aprobando grandes programas de reemplazo para una infraestructura que California en última instancia quiere reducir, el estado corre el riesgo de inmovilizar costos altos en activos que con el tiempo podrían ser menos útiles.

Cómo va la implementación hasta ahora

La Comisión de Servicios Públicos de California ha identificado 151 posibles zonas de descarbonización en todo el estado, incluidas áreas en San José, Los Ángeles y Elk Grove, según el texto proporcionado. Ese es un paso inicial importante porque sugiere que la política está pasando del concepto a la focalización geográfica.

Pero el artículo sostiene que la forma en que la comisión identificó esas zonas ya revela lo difícil que será la implementación. La advertencia no es que la ley carezca de promesa, sino que los reguladores deben trabajar con datos controlados por las empresas y con sus incentivos financieros, al mismo tiempo que protegen los intereses de los usuarios.

Ahí es donde probablemente se decidirá el éxito o el fracaso de la ley. Una política de zonas de descarbonización solo funciona si los reguladores pueden identificar de forma fiable lugares donde retirar tuberías sea económicamente viable, técnicamente factible y socialmente manejable. Si los datos están incompletos o moldeados por las prioridades de las empresas dominantes, los pilotos podrían no probar el concepto de manera justa.

Por qué esto importa más allá de California

La SB 1221 es uno de los ejemplos más claros de un cambio de política que está surgiendo en partes de la transición energética: pasar de objetivos abstractos de descarbonización al triaje de infraestructura. En lugar de asumir que todos los sistemas heredados deben mantenerse hasta el último momento posible, los reguladores preguntan si el retiro selectivo y la conversión de clientes pueden reducir los costos de largo plazo.

Ese enfoque tiene implicaciones mucho más allá de un solo estado. Muchos sistemas de gas en economías ricas enfrentan el mismo desafío básico:

  • La infraestructura envejecida necesita mantenimiento o reemplazo costoso.
  • La política climática impulsa un menor uso de combustibles fósiles.
  • Las facturas de los clientes ya están bajo presión.
  • Las empresas de servicios aún pueden tener razones financieras para seguir construyendo sobre el viejo modelo.

Los pilotos de California podrían convertirse, por tanto, en un caso de prueba de política pública. Si el estado demuestra que el retiro selectivo de tuberías reduce costos al tiempo que mantiene la confiabilidad del servicio y ayuda a los hogares a electrificarse, otras jurisdicciones podrían estudiar de cerca el marco.

El verdadero desafío es la gobernanza

El texto proporcionado es un artículo de opinión, por lo que sus afirmaciones deben leerse como una interpretación argumentada y no como un relato oficial neutral. Pero la pregunta de gobernanza central es difícil de ignorar. ¿Pueden los reguladores implementar una ley pensada para reducir el gasto innecesario en gas cuando las empresas involucradas todavía obtienen beneficios de ese gasto?

Ese es el motivo por el que la SB 1221 merece atención ahora, no después. El hito legislativo ya ocurrió. Lo que viene después es más decisivo: diseño de los pilotos, escrutinio de los datos, decisiones de gasto y la voluntad de rechazar el camino de menor resistencia.

Si California tiene éxito, la SB 1221 podría convertirse en un modelo para combinar la acción climática con costos de infraestructura evitados. Si fracasa, el estado puede seguir invirtiendo miles de millones en un sistema de gas que en última instancia espera dejar atrás.

Este artículo se basa en información de Utility Dive. Leer el artículo original.